• Aforamiento del Rey Juan Carlos I

    Como se discute tanto el tema del aforamiento del Rey Juan Carlos I ahora que ya no reina, quiero compartir con vosotros un par de reflexiones.

    Para evitar la polémica barata que se está haciendo por parte de algunos: Aforamiento no es lo mismo que inmunidad y mucho menos que inviolabilidad. Distingamos los términos:

    Aforamiento:

    Es el hecho de que una persona (por la razón que sea) solo pueda ser juzgado por un tribunal especifico. Es una figura muy poco frecuente fuera de España, pero como muchas cosas, tuvo su sentido en la fase inicial de la Transición. La idea inicial no era cubrir a corruptos ni nada de lo que hoy se insinúa. Al salir de una dictadura militar con un aparato muy bien organizado en la ejecución de órdenes jerárquicas, el peligro era grande, de que a pesar de la tierna y frágil democratización que se iniciaba, los parlamentarios tuvieran que vivir bajo la eterna amenaza de ser citados a declarar un día sí y otro también por cualquier juez de primera instancia que no hubiera digerido el fin del régimen. Por eso se consideró oportuno que los parlamentarios nacionales (senadores y diputados), parlamentarios autonómicos, policías, jueces… solo pudieran ser juzgados por el Tribunal. En el fondo se quería proteger las “nuevas instituciones” de las “viejas instituciones”. Como muchísimas cosas era una buena idea para iniciar una transición y por falta de visión, valor, inteligencia y decencia no se ha seguido desarrollando, sino que se ha convertido en una ficha más en el ajedrez de un sistema que se pudre por dentro.

    El aforamiento español (único en su envergadura) tenía sentido bajo dos pretextos que a finales de los 70 y principios de los 80 se daban en España.

    1)      Los jueces del viejo régimen eran un peligro para el nuevo sistema pre-democrático.

    2)      Los nuevos cargos se regían por valores éticos que hacían suponer que el tema del aforamiento tendría poca repercusión

    Hoy los tiempos han cambiado, los jueces de las menores instancias suelen serlo por mérito y concurso y gozan de mucha más independencia que los del Tribunal Supremo que son cargos elegidos por los políticos a los que deberían de juzgar. Los políticos de hoy no tienen que temer a la justicia de los mortales por razones políticas. Una cosa que no se debe de olvidar es que el aforamiento también tiene un componente negativo para el aforado, mientras el ciudadano de a píe puede apelar las decisiones de los tribunales que le juzgan, el que solo tenga fuero en el Tribunal Supremo no tiene la posibilidad de recurrir y se come la sentencia con patatas.

     

    Inmunidad:

    La inmunidad no tiene que ver con el fuero, sino que limita la responsabilidad (en la mayoría de los casos penal) de ciertos cargos por los hechos que cometan en el ejercicio de sus cargos. También este instituto tenía su sentido en todas las democracias que se instauraron como monarquías parlamentarias, para impedir que los monarcas (ni otros actores políticos) pudieran limitar los poderes del Parlamento y de los parlamentarios. El diputado tiene que saber, que en el Parlamento puede decir lo que le dé la gana, sin que nadie le pueda exigir responsabilidad penal más allá de la disciplina de la casa por la que vela el presidente del parlamento. De ahí a pensar que no debe ser juzgado por delitos de hurto, lesión, fraude o infracciones de tráfico va un trecho. También este instrumento legítimo se ha covertido en un vehículo del oscurantismo político al que nos hemos ido acostumbrando.

     

    Inviolabilidad:

    Es una figura que en esta forma solo existe para el Rey. Significa que nada ni nadie le puede juzgar por nada. Es a mi modo de ver totalmente absurdo, sea para un rey en activo, como mucho más para uno jubilado.

     

    El problema básico no tiene tanto que ver con que el gobierno quiera proteger al “ciudadano Juan Carlos” de multas de tráfico, imputación en el caso NOOS o impago de la factura del móvil, el problema es que hay que buscar una fórmula, para impedir que un varón de más edad que “Felipe el Preparado” le demande paternidad y de repente nos toque por el art. 56 de la Constitución un nuevo rey que podría ser “Paquito el tonto” o “Pepe el de la camarera”.

    Si no fuera por la repercursión disnática que puede tener una demanda de paternidad contra Juan Carlos I lo lógico sería que un ex-Rey pasara a ser un ciudadano normal y corriente como sucede en la mayoría de las monarquías parlamentarias centro y norteeuropeas, ya que no ejerce ningún cargo ni función que requiera un privilegio jurídico.

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